El día de ayer, 10 de octubre del 2025, integrantes de seis Pueblos Originarios con procesos de defensa del territorio y en lucha por la defensa de su autonomía, presentaron de forma presencial sus denuncias al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco.
La comitiva conformada por: dos integrantes de la Tribu Yaqui, en particular de Potam y Estación Vícam; un representante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán; compañeras mazatecas de la comunidad criminalizada de Eloxochitlán de Flores Magón; integrantes de la comunidad chontal de El Coyul también criminalizados; y representantes de comunidades de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
La exigencia, aunque diferentes en sus particularidades, se unen en lo central en el respeto al derecho a de los Pueblos Indígenas a autogobernarse y a administrar sus territorios, así como poner fin a procesos de criminalización que han vivido por décadas como estrategia de autoridades locales y federales para disuadir sus formas de organización autónomas.
El Presidente del SCJN, escuchó las denuncias de cada comunidad y aunque su respuesta fue conciliadora y mostró respeto a los presentes, no hubo algún tipo de compromiso concreto, más que la promesa de canalizar a cada lucha con futuras mesas de diálogo y con otras instancias.
Aunque es relevante reconocer el recibimiento por parte del presidente de la SCJN, la urgencia de las demandas que los distintos pueblos presentaron, y que es un síntoma de la situación que se vive a nivel nacional en temas de justicia: corrupción, tráfico de influencias, violaciones a derechos humanos, discriminación, dilación sistemática, y en general un sistema que funciona a favor de los intereses de políticos y empresas nacionales y trasnacionales y no a favor del pueblo.
Los procesos jurídicos que las comunidades presentaron en la reunión son un símbolo de la decadencia de los sistemas jurídicos locales y también del sistema jurídico a nivel federal; la mayoría llevan décadas luchando por justicia.
La reunión de ayer, en ese sentido, es histórica al ser uno de los primeros encuentros entre comunidades originarias sistemáticamente violentadas por el poder judicial, y el representante de un supuesto nuevo poder judicial que tendrá que demostrar si la reforma jurídica en la realidad simbolizará un cambio para el pueblo.
A continuación, presentamos las demandas concretas presentadas por cada comunidad:
Tribu Yaqui:
· La tribu Yaqui denunció el incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de 2013 que ordena realizar una consulta previa y detener el Acueducto Independencia, el cual sigue despojando al pueblo del agua del Río Yaqui.
· Rechazaron el llamado “Plan de Justicia Yaqui” del gobierno federal, al que calificaron como un nuevo instrumento de despojo y simulación, exigieron se resuelvan amparos que han interpuesto en contra del Decreto Presidencia de López Obrador “Decreto de Distrito de Riego 018”.
· Exigieron el respeto al decreto de 1937 que les reconoce derechos sobre el agua, la cancelación definitiva del acueducto y la restitución de sus tierras y manantiales.
· Denunciaron también las amenazas, criminalización y negación de medidas cautelares en contra de integrantes que han sido amenazados y atacados físicamente.
Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón
· Exigieron una reunión personal con el ministro Hugo Aguilar para que conozca las evidencias legales que demuestran la fabricación de delitos que ha sometido a la comunidad a más de una década de criminalización, desplazamiento, encarcelamiento, y hostigamiento y que ha sido orquestada por la diputada local Elisa Zepeda.
· Las compañeras defensoras señalaron la responsabilidad del poder judicial de Oaxaca, y en ocasiones de Tribunales Federales, en mantener la represión contra quienes exigen justicia, incluyendo la criminalización del defensor Miguel Peralta.
· Exigieron la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial para investigar a los jueces federales, estatales y locales que han violado el debido proceso y que continúan permitiendo que se criminalice a la comunidad por delitos que se ha demostrado son fabricados, otros que están prescritos y otros en donde simplemente no existe sustento jurídico para sostener una acusación.
Pueblos Chontal del Coyul
· El pueblo Chontal del Coyul denunció la criminalización y persecución judicial de 21 de sus compañeros, entre ellos mujeres y personas de la tercera edad, con quienes enfrentan una sentencia injusta de 15 años de prisión impuesta por defender el territorio frente a intereses empresariales en colusión con personas que acusan ser generadores de violencia en su comunidad.
· Denunciaron la colusión entre autoridades judiciales, la policía ministerial y actores privados, quienes fabricaron delitos para despojar a la comunidad de sus tierras.
· Exigieron la anulación de las sentencias y el reconocimiento legal de los territorios comunales chontales como patrimonio ancestral inalienable.
· Llamaron a la Suprema Corte a actuar con justicia y garantizar su derecho a la autodeterminación y al territorio.
Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
· Las comunidades del Istmo denunciaron las violaciones sistemáticas a su derecho a la libre determinación por la imposición de megaproyectos eólicos y de infraestructura como parte del Corredor Interoceánico.
· Denunciaron que los procesos de consulta han sido manipulados para legitimar el despojo, y que las autoridades federales y estatales utilizan estos mecanismos como simulación de consentimiento.
· Exigieron que la Suprema Corte reconozca la nulidad de dichas consultas, revise los amparos pendientes y garantice que las comunidades sean quienes decidan sobre el uso y destino de su territorio. También denunciaron el abandono estatal y la violencia que enfrentan por resistir a los megaproyectos.
· Las comunidades de Resistencia Civil del Istmo y denunciaron las tarifas impagables de la Comisión Federal de Electricidad y la negativa del Estado a reconocer la energía eléctrica como un derecho humano. Señalaron que miles de familias acumulan deudas millonarias por resistir los cobros injustos y exigieron que la Suprema Corte impulse una reforma constitucional que garantice el acceso universal y equitativo a la electricidad. Afirmaron que no se retirarán de la lucha hasta lograr justicia energética y el reconocimiento de su derecho a vivir dignamente.
Consejo Supremo Indígena de Michoacán
· Cuentan ya con una reunión particular para exigir se concedan los amparos que permitan el avance y respeto de comunidades Purépechas para autogobernarse y poder administrar el presupuesto de forma directa sin intervención de autoridades municipales ajenas a los usos y costumbres de las comunidades.
· Respeto al derecho a libre autodeterminación de las comunidades Purépechas que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
La reunión se logró como parte del plantón que el Capítulo México de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida instaló el 9 y 10 de octubre frente a la SCJN.
La Caravana continuará su recorrido partiendo hoy, 11 de octubre del 2025, a Guatemala para visitar comunidades en resistencia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Panamá en donde entregarán denuncias de las violaciones a derechos humanos que enfrentan.
